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El Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional garantizan la plena vigencia del Estado de Derecho y la libertad de expresión y de manifestación para todos los ciudadanos de la República, con la única condición de que se ajusten a la Constitución Nacional, a las leyes vigentes y al respeto de los derechos  de terceros.

 

En ese sentido, todo ciudadano puede organizarse y manifestarse libremente, y será la Policía Nacional la institución encargada de velar por la seguridad de esas personas, y también de quienes no estén involucradas en esa actividad específica.

 

 Sin embargo, manifestaciones como  la que se produjo el martes 9 de abril pasado frente a Mburuvichá Róga -oportunidad en que intentaron traspasar el predio, arrojando petardos hacia la Residencia Presidencial, e incluso trepando el portón- tendrán la respuesta adecuada, en el marco de la legalidad, por parte de la Policía Nacional; los responsables serán individualizados y puestos a disposición del Ministerio Público.

 

En este caso concreto, los manifestantes que protestaban frente a Mburuvichá Róga obstruyeron el tránsito vehicular, ganaron la vereda de la Residencia, treparon los portones e intentaron ingresar a la fuerza.

 

Los agentes intentaron dialogar, pero recibieron en respuesta piedras y petardos arrojados por manifestantes. De esa manera, las fuerzas policiales tuvieron que despejar el lugar para mantener la seguridad, restablecer el tránsito vehicular y dar cumplimiento lo que establecen las leyes.

 

En este caso concreto, ha tomado intervención la agente fiscal penal de turno, abogada Fátima Britos, quien ya recibió el parte policial correspondiente elaborado por la comisaría 6ª. Metropolitana de la Policía Nacional.

 

Lo acontecido fue calificado en el parte policial como “Hechos Punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas (perturbación de la paz pública) y contra la Administración Pública (Resistencia); Transgresión a la Ley 1066/97 “Ley del Marchódromo”.

 

Por disposición de la Fiscalía General del Estado, se abrirá una carpeta fiscal y se realizarán  diligencias con el objetivo de avanzar con la investigación e identificar a los responsables.

 

Por de pronto, la Policía Nacional tiene identificada a varias personas que serán llamadas a declarar, en este caso, conductores de ómnibus que transportaron a los manifestantes.

 

Serán llamados a prestar declaración los choferes Celso Correa, de la Empresa “Beato Roque González de Santacruz”; Francisco González, de la Empresa “El Tigre”; Alfredo Alvarenga, de la misma firma de transporte; Francisco Isacio Ocampos, de la Empresa Línea 40; Daniel Samaniego, de la misma empresa.

 

La Fiscalía y la Policía Nacional también ya están abocadas a obtener filmaciones y fotografías de los medios de comunicación masiva buscando individualizar puntualmente a los manifestantes belicosos que treparon las rejas de Mburuvichá Róga e intentaron ingresar a la fuerza a la Residencia Presidencial.

 

Una vez identificadas, estas personas serán llamadas a declarar y podrían ser procesadas por los hechos punibles mencionados, exponiéndose hasta a cinco años de cárcel, según lo establecido por nuestro Código Penal vigente.

 

Las evidencias recogidas en el lugar por especialistas de Criminalística de la Policía sobre la avenida Mcal. López también ya fueron remitidas al Ministerio Público.

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El Ministro del Interior, Carmelo Caballero, anunció tareas preventivas permanentes por parte de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad para las próximas Elecciones Generales del 21 de abril, sin que ello signifique que exista alguna situación preocupante ni mucho menos, sino todo lo contrario.

“Toda la tarea que ya estamos desplegando es preventiva, de planificación. Queremos mantener al máximo la tranquilidad, mediante una tarea preventiva desplegada en su mayor expresión”, afirmó el Ministro Carmelo Caballero.

“Vamos a estar atentos para que la acción de la Policía Nacional sea eficaz, y se dé a tiempo y en tiempo oportuno. Para ello, queremos coordinar las tareas y realizar un mapeo permanente de la situación”, detalló el secretario de esta Cartera de Estado.

Las tareas de prevención y recolección de información ya son desplegadas por una Mesa Permanente de Inteligencia, conformada especialmente en vistas a detectar y prevenir cualquier situación que pueda afectar de manera negativa las Elecciones Generales.

“Este grupo está conformado por el Viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra; el Comando Institucional de la Policía; el oficial enlace con la Justicia Electoral, Crio. Elizardo Rojas; representantes del Ministerio Público, de la Secretaría de Prevención del Terrorismo, de Interpol, Migraciones, oficinas operativas y de investigación de la Policía, entre otras”, indicó el Ministro Caballero.

El Gobierno Nacional movilizará a unos 11.000 efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en estas Elecciones. “Esto implica un equipo especial de Inteligencia que irá identificando de antemano los posibles lugares de conflicto”, explicó el Ministro del Interior.

“Los agentes estarán en las calles, ubicados de manera estratégica, custodiando los locales de votación y los alrededores. Igualmente, estarán los destinados a la custodia de la Justicia Electoral. Igualmente, habrá agentes destinados a la seguridad de los hoteles donde se instalarán los miembros de las misiones extranjeras de observadores”, manifestó.

La importancia de garantizar la seguridad en el marco de las Elecciones del 21 de abril fue remarcada por el alto funcionario. “El mundo estará observando nuestro proceso electoral de ahí la importancia de tomar en cuenta todos estos detalles de manera preventiva y estamos actuando en consecuencia”, indicó el Ministro del Interior, Carmelo Caballero.

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Agentes de la Policía Nacional del departamento Central esclarecieron un asalto perpetrado en la localidad de Villeta, capturaron a tres sospechosos y recuperaron la totalidad del dinero robado para devolverlo a sus propietarios.

Se trata de un caso de robo agravado ejecutado en perjuicio de la empresa Cavallaro Hermanos, uno de cuyos automotores repartidores de productos fue interceptado por dos asaltantes en motocicleta quienes despojaron de dinero en efectivo, casi 10 millones de guaraníes, a los ocupantes.

Fueron detenidos Carlos Daniel Sánchez Vera y su hermano Olegario Sánchez Vera, de 33 y 34 años de edad. Estos implicaron al chofer del automotor asaltado, Veridiano Acosta, como implicado en el hecho punible.

El caso se produjo en el Km. 40 de la ruta que une Villeta y Alberdi, sur del departamento Central. Los sospechosos interceptaron el vehículo de la empresa Cavallaro y robaron el dinero.

Los agentes policiales recibieron la alerta, reaccionaron con eficacia y capturaron a los sospechosos en huida. Durante el operativo, recuperaron lo robado: 9.227.100 guaraníes en efectivo, un cheque por valor de 833.400 y dos teléfonos celulares.

La fiscala Silvia Frers, de la unidad penal de la localidad de Villeta, intervino en el caso e imputó a los sospechosos.

El trabajo fue producto de una tarea interinistitucional con el Ministerio Público en materia de prevención y reacción ante la comisión de puntuales hechos punibles, política emanada desde el Ministerio del Interior de aplicar “cero impunidad” a los casos delictivos que se vayan desarrollando.

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En prosecución de las investigaciones y operaciones contra el narcotráfico en todas sus formas, agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron una incursión en la compañía Aguaray’mí, en San Pedro de Ycuamandyjú, y destruyeron dos toneladas de marihuana picada y secada, listas para el prensado.

Igualmente, los antinarcos arrasaron con 10 hectáreas de cultivo de marihuana ya listas para la cosecha.

Todo esto se realizó tras la alerta dada por el propietario del establecimiento, Jsoé Lazarte, quien advirtió de la presencia de personas extrañas en el lugar.

Los efectivos antinarcos igualmente, destruyeron campamentos. En síntesis, hallaron:

- 10 hectáreas de platanción de marihuana (equivalente a 30 toneladas de cannabis listas para el tráfico).

- Dos toneladas de marihuana ya picada y secada, listas para el prensado.

- Cinco campamentos.

- Seis sembradoras manuales.

- Total de intervinientes: 30 agentes del departamento Antinarcóticos y de la Jefatura de Policía del departamento de San Pedro.

El propio jefe de Antinarcóticos de la Policía, Crio. Princ. Rufino Gill, planificó el operativo, que fue apoyado por el jefe de Policía de San Pedro, Crio. Princ. Hilario Lesme, y por la fiscala Fanny Aguilera.

El operativo forma parte del cumplimiento de las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior, de atacar el narcotráfico en todas sus formas, incluyendo la producción, la interdicción y el microtráfico o narcomenudeo.
En ese sentido, el Ministro del Interior, Carmelo Caballero, lidera la mesa interinstitucional e multidisciplinaria de combate al narcotráfico y al crimen organizado a nivel país, en representación del Poder Ejecutivo.

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El Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Javier Ibarra, anunció diversas medidas a ser tomadas en el marco de la conformación de la Mesa Permanente de Inteligencia, que buscará prevenir cualquier tipo de situación de crisis o inconveniente antes, durante y después de las Elecciones Generales del 21 de abril próximo.

Participaron de esta reunión el subcomandante de la Policía Nacional, Carlos Altemburger, el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetich; la asesora jurídica de la Fiscalía General del Estado, Patricia Rivarola; y jefes policiales de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), y de las Direcciones de Apoyo Técnico y Apoyo Táctico, entre otros funcionarios.

El Viceministro de Seguridad Interna mencionó algunas de las aristas que ya son analizadas en el marco de la prevención de situaciones extrañas a las Elecciones Generales.

“Todo es importante para nosotros para prevenir cualquier tipo de inconvenientes. Cualquier situación puede alterar el normal funcionamiento, desde los locales de votación, desde el traslado de las personas; es decir que el trabajo para nosotros termina al día siguiente”, afirmó.

“Aparte de eso, tenemos que tratar de prevenir la comisión de hechos punibles, teniendo en cuenta que la Policía destina gran cantidad de su fuerza a este acto eleccionario. Por eso necesitamos organizarnos, coordinarnos y designarnos funciones específicas cada uno”, agregó.
El alto funcionario indicó que, independientemente del cronograma de trabajo que se va desplegando desde meses atrás con el TSJE, se están creando grupos especiales para prevenir cualquier tipo de hecho que pueda alterar o intervenir de manera negativa en el normal funcionamiento de las Elecciones.

“También es necesario establecer una línea horizontal con el Ministerio Público en la coordinación de las tareas con el Ministerio Público. La Fiscalía es la que tiene el ejercicio de la acción y la Policía es su brazo ejecutor. Estamos ya en constante comunicación y reuniones tratando de coordinar la tarea”, manifestó.

El Viceministro de Seguridad Interna mencionó varias de las tareas concretas a desplegar. “Tenemos una buena cantidad de observadores, distribuidos en el área metropolitana y distintas zonas; los lugares donde se van a alojar, los sitios que van a visitar, los locales de votación, el centro de cómputos en el TSJE; además, ya comenzó la distribución de los útiles y existen otras tareas concretas. Esto implica una doble tarea policial; por eso, se están formando grupos específicos para destinar cada misión correspondiente a cada departamento”, indicó.

“Estamos interactuando con las demás dependencia del Estado y también con organizaciones civiles para tratar que todos juntos alivianemos de una u otra forma el trabajo”.

El Viceministro Ibarra señaló que “todo el personal policial que se dispone estará abocado para estas elecciones generales previstas para el 21 de abril. Ese día todos están destinados a cubrir el acto y prevenir los hechos comunes que también pudieran darse”, indicó.

El Viceministro Ibarra mencionó igualmente que, en el marco del análisis, se tiene en cuenta también alguna eventual situación de conflicto que pudiera darse en las penitenciarías, todo esto como hipótesis más que como información concreta y real.

“Debemos prevenir todo. Estamos organizando también información que provenga desde las cárceles. Estos lugares de reclusión necesitan un mecanismo de seguridad preventivo e intensificado en esa fecha, ya que los reclusos no pueden ejercer el derecho al voto por estar purgando una pena”.

“Esa situación puede generar una animadversión en las personas que no pueden votar, pero por ley están privados de ese derecho. Por eso, se analiza el índice de riesgo y ya estamos destinando gentes. Eso se coordina con directores de las Penitenciarías y con el Ministerio de Justicia y Trabajo”, manifestó el Viceministro Ibarra.

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