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La propiedad en cuestión está ubicada en la ciudad de Bella Vista, distrito de Yhû, departamento Caaguazu. Estaba invadida desde junio de 2017, según la denuncia.


Los trabajos para recuperar la propiedad privada se iniciaron en enero de este año. Agentes de inteligencia de la Policía Nacional realizaron un relevamiento del lugar.


El desalojo estaba previsto para el día de hoy, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, cuando ingresaron los agentes al lugar, no había personas. No obstante, se constató que hay al menos 40 viviendas y varios hornos para la producción de carbón. Se presume que los ocupantes ilegales abandonaron la propiedad entre la noche de ayer y esta madrugada.


También se constató la destrucción de unas 700 hectáreas, de las más de 2000 que tiene la propiedad.


Participaron del despliegue personal de la Dirección General de Inteligencia Policial, de las Direcciones de Policía de Caaguazú, Guairá y Caazapá, dependencias tácticas como ser Aérea Policial y especializadas – Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales. Además del contingente policial, acompañaron el procedimiento funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto Forestal Nacional (INFONA).

Publicado en NOTICIAS GENERALES

 

A las 9:00 hora local, 12:00 de nuestro país, inicia la Audiencia Pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará los argumentos del Estado Paraguayo, y de los demandantes.


La audiencia se puede seguir por internet, a través del enlace http://www.corteidh.or.cr/index.php/es.


Según la agenda, la Audiencia iniciará con la presentación del caso, trámite que lo cumplirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un tiempo límite de 20 minutos para el efecto.


Luego, la Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas. Juan Arrom realizará su declaración por video conferencia. Su representante ante la Corte podrá interrogarlo por 20 minutos. Luego, el representante del Estado Paraguayo, Ministro Procurador General de la República, Sergio Coscia, podrá interrogarlo por 20 minutos. Seguidamente, la jueza y jueces de la Corte pueden interrogar a la supuesta víctima.


El mismo procedimiento, con el mismo límite de tiempo, lo tendrá Cristina Haydeé Arrom, hermana de Juan Arrom.


Luego declararán los testigos propuestos por el Estado Paraguayo. El ex fiscal General del Estado, Oscar Germán Latorre, se referirá a la regularidad de las investigaciones fiscales. El Estado podrá interrogarlo por 20 minutos, el representante de los demandantes, por 20 minutos, y luego le podrán formular preguntas la jueza y los jueces de la Corte.


Édgar Sánchez es el otro testigo propuesto por el Estado Paraguayo. Se seguirá el mismo procedimiento de interrogación.


Tras los interrogatorios, se tendrá un receso de dos horas, que, de acuerdo a lo estimado, sería de 16 a 18 horas, aproximadamente.


Luego se reanudará la audiencia, y la Corte escuchará los alegatos finales de las partes, que tendrán 30 minutos cada una, más cinco minutos para réplicas y dúplicas.
Luego, tanto la representación del Estado como la de las supuestas víctimas tendrán tiempo hasta el 8 de marzo de 2019 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales por escrito.

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2200 kilogramos de cocaína, distribuidos en 64 bolsas, fueron incautados por agentes de la Senad en un establecimiento rural, ubicado en la colonia Cerro Memby, distrito de Yby Ya’u, departamento Concepción.


Los paquetes de droga están marcados con la escuadra y el compás, símbolos de la masonería.


Fueron detenidas tres personas, identificadas como Pánfilo Barrios, Mario Ramón Ibáñez López y Sandra Zunilda Coronel Diana, todos mayores de edad.
Además, fueron incautadas otras evidencias, entre las que destacan dos camionetas Ford, dos camionetas Toyota Hilux, cuatro contenedores de combustible de 1000 litros cada uno, teléfonos celulares y documentaciones varias.


La pérdida de los narcotraficantes, con esta incautación, asciende a unos 88 millones de dólares, teniendo en cuenta que en Europa, cada kilo de cocaína se comercializa a 40 mil dólares, como mínimo, según la estimación del fiscal Hugo Volpe.


Las fuerzas de seguridad e inteligencia siguen trabajando para identificar a los dueños de la droga incautada. La lucha frontal contra el crimen organizado emprendida por este gobierno sigue firme.

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