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Uno de los principales objetivos del Gobierno, es lograr resultados en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la zona norte del país, donde se encuentran los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.


En ese contexto, el Consejo de Gobernadores convocó a una mesa de trabajo, constituida por diferentes instituciones del Estado para analizar los planes de acción y estrategias a ser desarrollados en el marco de este proceso que busca eliminar la inseguridad en la zona y brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes.


Al respecto, el presidente del Consejo de Gobernadores, Carlos Giménez habló sobre la importancia de involucrar en este trabajo a instituciones tanto del área social, económico, de seguridad y otros para lograr los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional.


“Nuestro objetivo es realzar la seguridad del norte del país, y que los departamentos afectados por el terrorismo vuelvan a crecer económicamente, lo que se lograría redoblando y uniendo esfuerzos entre los gobiernos departamentales y estatales”, expresó Giménez.


Por su parte, el Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sostuvo que para fortalecer los trabajos de lucha que se viene realizando a nivel país es necesario el aumento de recursos humanos, infraestructura, movilidad entre otros.


“Necesitamos más policías, más vehículos, incorporación de tecnología, que tiene su costo, por eso es fundamental que la seguridad no sea postergada en el momento de adjudicar recursos. Debemos escuchar a la gente, y darles satisfacción y para ello, es necesario aumentar los recursos. Hoy tenemos 24.000 policías, y para cumplir el ratio de las Naciones Unidas, debemos superar los 50.000”, refirió Villamayor.


Esta actividad, tuvo lugar hoy en el Hotel Crowne Plaza de Asunción con la presencia de los Ministros de Salud, Seguridad Agricultura y Ganadería, Defensa Nacional, Obras Públicas y otros.

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El Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por instrucciones del Poder Ejecutivo, ha establecido trabajar con distintas instituciones para definir estrategias de prevención del delito y la violencia.

En ese contexto, el Director de Planeamiento y Control del Ministerio del Interior, Humberto Insfrán, participó de una reunión de consenso, con el objetivo de aumentar la cooperación y sobre todo, trabajar en la prevención de delitos con otras instituciones del Estado y de la sociedad civil.


En esta ocasión participaron del encuentro el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

“Nosotros estamos esperanzados que solamente este tipo de reuniones puede solucionar el tema de seguridad, porque es grande el trabajo. La inseguridad afecta a todos los sectores de la sociedad, y esta es la única forma para mejor nuestro país”, afirmó el doctor Mario Apodaca, de la Asociación Rural del Paraguay.

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La Dirección del Observatorio Nacional de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior puso en marcha la Mesa de Trabajo Interinstitucional de recopilación de datos y metadatos, en el marco del estudio de Tendencia Delictivas y Funcionamiento de los sistemas de Justicia Penal-UN-CTS. Este proceso responde a lo establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).


“El objetivo de la Mesa de Trabajo es la planificación de las tareas interinstitucionales para completar los datos y metadatos de seguridad. Se estableció que cada institución deberá presentar las conclusiones con datos fidedignos en tiempo y forma a la Dirección de Observatorio Nacional de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio del Interior”, explicó la Directora del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Leticia María Bravard de Poka.

Las instituciones involucradas son: Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y Ministerio del Interior.

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Agentes antisecuestros de la Regional Alto Paraná detuvieron a tres efectivos policiales, procesados por supuesto hecho punible contra la libertad de las personas.

La orden de detención preventiva fue emitida por la Fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Penal N° 11 de Ciudad del Este.


Según la denuncia, los Suboficiales Ayudantes Víctor Hugo Reyes Ortiz, Nelson Cabrera Alarcón y Sergio Saúl Sosa, secuestraron a un jardinero y le pidieron un monto de dinero para dejarlo en libertad.


Los dos primeros pertenecen al Grupo Lince del Alto Paraná, mientras el tercero prestaba servicios en la Comisaría N° 16 Los Cedrales, dependiente de la Dirección de Policía del departamento.

Los agentes policiales fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, por el Oficial Inspector Wilson Toledo, del departamento antisecuestros.

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El Ministro Juan Ernesto Villamayor se pronunció sobre el procedimiento irregular que terminó con dos niñas heridas de bala en Areguá. Repudió el hecho y fue tajante al afirmar que los que incurrieron en esta irregularidad deben ser sancionados, pero dentro del marco de lo que establecen las leyes de la República.

 

Admitió que hay un déficit tanto en la formación como en el control del desempeño de los efectivos policiales; ambos aspectos han sido relegados durante décadas, afirmó el titular de la cartera de seguridad. Para hacer frente a este déficit, plantea tres cambios necesarios: la modificación de la malla curricular de la formación de agentes policiales; proyectos de ley que permitan excluir la Dirección de Inteligencia y la de Asuntos Internos, para que pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, y la incorporación de tecnología para controlar la gestión de los agentes policiales.


“Es absolutamente imposible en el sistema actual, en las condiciones actuales y con la normativa actual vigente, que ni el Comandante de la Policía sepa qué está haciendo cada uno de los 24 mil policías. Este tipo de cosas no puede suceder. Y eso implica mayor control en la Policía. Para poder controlar a la policía hay que incorporar tecnología. Y estamos en un proceso de incorporación de esa tecnología, que nos va a permitir ese sistema de control”, expresó el Ministro del Interior.


Agregó que sigue habiendo un déficit en la cantidad de personal policial, de acuerdo a los estándares internacionales. Además, hay déficit en equipamiento y tecnología. Para hacer efectiva la actualización y el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional se requiere de una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares. Sin embargo, los cambios y los resultados no se pueden hacer de manera inmediata.


Finalmente, pidió a toda la ciudadanía no perder la confianza en la Policía Nacional y respaldar el proceso de fortalecimiento institucional. déficit tanto en la formación como en el control del desempeño de los efectivos policiales; ambos aspectos han sido relegados durante décadas, afirmó el titular de la cartera de seguridad. Para hacer frente a este déficit, plantea tres cambios necesarios: la modificación de la malla curricular de la formación de agentes policiales; proyectos de ley que permitan excluir la Dirección de Inteligencia y la de Asuntos Internos, para que pasen a depender directamente del Ministerio del Interior, y la incorporación de tecnología para controlar la gestión de los agentes policiales.


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